Unos 258 millones de niños y jóvenes siguen privados de oportunidades educativas en todo el mundo debido a factores sociales, económicos o culturales. No obstante, solo el 70% de los países garantiza legalmente al menos 9 años de educación obligatoria. Mientras las niñas siguen siendo particularmente desfavorecidas, 132 millones de niños permanecen sin escolarizar. Y se calcula que 771 millones de jóvenes y adultos carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura, de los cuales dos tercios son mujeres.

La educación es en sí misma un derecho emancipador y uno de los instrumentos más potentes que permite que los niños y los adultos marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y participar plenamente en la sociedad. En consecuencia, para dar rienda suelta a todo el poder de transformación de la educación y cumplir con los indicadores de progreso a escala internacional contenidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible, todas las personas deben tener acceso a la educación. Vincular a los países con determinadas normas mediante la legislación es una manera de garantizar que se amplíe el acceso a una educación de calidad. Las garantías jurídicas y la protección del derecho a la educación no tienen plazos (a diferencia de las políticas y los planes), y garantizan que los mecanismos jurídicos (como los juzgados y los tribunales) puedan determinar si las obligaciones en materia de derechos humanos son respetadas, imponer sanciones por eventuales violaciones e incumplimientos, y garantizar que se tomen las medidas adecuadas.

La educación es un derecho humano fundamental indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos. El principal instrumento normativo de la UNESCO es la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, que data de 1960 y ha sido ratificada hasta la fecha por 107 Estados. Se trata del primer instrumento internacional que aborda ampliamente el derecho a la educación y tiene una fuerza vinculante con el derecho internacional. La Convención es también un pilar de la Agenda Mundial de Educación 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en materia de educación, adoptados por la comunidad internacional. El ODS 4 se basa en los derechos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación que es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.

A través de su programa sobre el derecho a la educación, la UNESCO desarrolla, da seguimiento y promueve normas y estándares educativos relacionados con el derecho a la educación para lograr avances en la Agenda Mundial de Educación 2030. Asimismo, proporciona orientaciones, asesoramiento técnico y asistencia a los Estados Miembros para que puedan revisar o desarrollar sus marcos jurídicos y políticos, y refuerza las capacidades, crea alianzas y sensibiliza sobre las cuestiones relativas a los desafíos, en particular a la luz de la evolución del contexto educativo.

También apoya y supervisa a los Estados en la aplicación de los instrumentos jurídicos, las convenciones y las recomendaciones mediante consultas periódicas, de su Observatorio sobre el derecho a la educación y de su herramienta interactiva, Su Atlas, que indica en qué lugares del mundo la ley protege los derechos de las mujeres y las niñas, así como la magnitud de esta protección. En el marco de este seguimiento, la UNESCO colabora estrechamente con las Naciones Unidas y con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Además, la Organización protege y promueve el derecho a la educación mediante campañas de comunicación, así como de investigaciones y estudios sobre los componentes específicos de este derecho, como la educación preescolar, la educación superior y el aprendizaje digital.

La UNESCO moviliza, desarrolla y fomenta las alianzas mundiales con miras a sensibilizar sobre cuestiones clave como el derecho a la educación de las personas desplazadas por desastres climáticos, los agentes no estatales de la educación y el derecho a la educación de los grupos vulnerables.

En el seno de las Naciones Unidas, la UNESCO desempeña un papel principal y tiene la responsabilidad en lo relativo al derecho a la educación y colabora con los siguientes organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el seguimiento de la aplicación de los tratados y convenios vinculados con este derecho:

• Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
• Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
• Examen Periódico Universal
• Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación
• Organización Internacional del Trabajo

La UNESCO también reconoce el importante papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales (ONG), las alianzas y la comunidad intelectual en la cooperación internacional y ha creado una red de colaboración con organizaciones en sus ámbitos de competencias, entre las que figuran:

• La Organización Internacional para el Derecho a la Educación y la Libertad, OIDEL – una ONG no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y crea nuevos modelos y programas políticos educativos, así como opciones de financiación escolar.
• La Iniciativa Derecho a la Educación que fomenta la movilización y la responsabilidad por el derecho a la educación y construye puentes entre las diferentes disciplinas del ámbito de los derechos humanos, la educación y el desarrollo.

Fuente: UNESCO – Última actualización:14 de Octubre de 2022