Representantes de la Asociación Civil Familias por la Educación Córdoba mantuvieron una reunión con vecinos y concejales de nuestra ciudad para analizar cuestiones vinculadas con el desarrollo de la política educativa provincial. Quieren participar del Consejo Provincial de Políticas Educativas.

El objetivo de esta reunión apuntó a buscar apoyo para instar a los legisladores provinciales a garantizar el cumplimiento de la ley de educación provincial que, entre otras cosas, contempla la conformación de consejos integrados por padres de estudiantes quienes de esta manera pretenden contar con la necesaria representación en el ámbito educativo.

El encuentro se desarrolló en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante donde los concejales de Córdoba Cambia, María Cecilia Roffe y de la Unión Cívica Radical, Cristian Canalis, junto a padres con hijos en edad escolar de nuestra ciudad analizaron la situación de la política educativa que implementa el gobierno provincial. Entre otros se encontraban presentes Rubén Machado en representación del grupo de padres con hijos con condición del espectro autista, Carmelina Ercole jubilada docente y Benjamín Battán, de la juventud del PRO San Francisco.

Al igual que lo ocurrido en nuestra ciudad, este grupo ya visitó las ciudades de Alta Gracia, Unquillo, Bialet Massé, Villa Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto y para mañana está previsto que visiten Villa Dolores.

La presidenta de la Asociación Civil Familias por la Educación Córdoba, Soledad Cabral, explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que “en cada uno de estos encuentros tomamos contacto con padres que, al igual que nosotros, estamos en esta lucha desde hace tiempo desde diferentes lugares de la provincia para dar a conocer nuestras inquietudes”.

 “La pandemia de Covid-19 vino a exponer la tristísima realidad educativa de la provincia de Córdoba con altos niveles de deserción escolar que no tienen que ver con la pandemia, así como también por el preocupante nivel de desarrollo pedagógico demostrado por las pruebas Prisma”, agregó.

Soledad Cabral, presidente de la asociación Civil.

Cabral recordó que en Córdoba “el ministro (de Educación Walter Grahovac) prometió 190 días de clases. Sumado a otros motivos que ya sabemos que existen, desde la falta de infraestructura, pasando por los paros docentes, jornadas de capacitación o días de desinfección, desde el día que se prometieron los 190 días de clases sabían que era algo materialmente incumplible””

“Nuestra lucha colectiva tiene por objeto defender el derecho a la educación”, aseguró.

La referente del grupo no dudó en señalar que en la provincia de Córdoba “tenemos un sistema educativo casi obsoleto” donde “los chicos llegan al secundario sin comprender textos y se encuentran en tercer o cuarto grado sin estar alfabetizados”.

Cabral resaltó que durante el transcurso de la audiencia celebrada en la Unicameral para el tratamiento del Presupuesto 2022 destinado a Educación “proponíamos un plan integral de emergencia educativa” para lo cual solicitaron un informe respecto del impacto que provoca la deserción escolar.

“Si la evaluación Prisma ha demostrado que 2 de cada 10 chicos llegan a niveles apenas aceptables en Matemáticas y 4 de 10 en Lengua y si en Córdoba la mitad de los menores de 18 años viven por debajo del nivel de pobreza, quisiera saber qué expectativas hay en el gobierno para mejorar la educación”, explicó con mucha preocupación.

Quieren reunirse con Grahovac

La crítica a la política educativa también se extendió a la órbita nacional donde, “también ha fracasado”.

A partir de este diagnóstico, Soledad Cabral planteó que en la provincia de Córdoba “no se está cumpliendo la ley de educación ya que hay dos consejos creados por ley donde tiene que haber 15 integrantes en cada uno de ellos, pero eso no se cumple. Hace 12 años que las familias de estudiantes que concurren a escuelas de gestión estatal y de gestión privada no están representadas en esos organismos”.

Ante esto solicitaron una nueva audiencia con el ministro Walter Grahovac para efectuar este reclamo “pero lamentablemente hasta el momento no hemos sido recibidos” por las autoridades de la cartera educativa provincial.

“Buscamos contagiar a la dirigencia política y a sectores sociales con este reclamo para que esta ley se cumpla y en este sentido pretendemos que cada uno de los Estados municipales inste al gobierno provincial a cumplirla”, añadió.

Para ello solicitaron a los concejales “que elaboren un proyecto de resolución instando a apoyar” su reclamo.